Pablo Gaytán Santiago – culturasmetropolitanas.org

Sergio González – [ 06600 ]Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez

La ilusa democracia de la regeneración urbana

MORENA, el partido mayoritario en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en alianza con todos los partidos minoritarios, parece empeñado en desarticular todo aquello que ganó la sociedad civil con la puesta en marcha de la Constitución Política de la Ciudad de México.  Lo hace a través de la creación de cada nueva Ley o modificación a las existentes, lo que hoy día representa graves retrocesos en los derechos civiles y humanos de los habitantes de la Ciudad de México.

Los diputados de esta Primera Legislatura parecen dispuestos a construir leyes a modo de los intereses de grupos políticos en alianza con el poder económico. Esta contradicción entre lo que el gobierno dice y lo que hace ha quedado manifiesta en los meses recientes, con las reformas y propuestas legislativas impulsadas y aprobadas por el partido hegemónico, al cual pertenece la Jefa de Gobierno -representante de los intereses del #Estado Inmobiliario-. Leyes pactadas, como traje a la medida con la Asociación de Desarrolladoras inmobiliarias (ADI), grupo de presión de la #HidraInmobiliaria, quienes a través de estrategias mediáticas y cabildeo en el Congreso local reconstituyen, con velocidad inaudita y con base en sus intereses, proyectos urbanos y leyes que avanzan en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

La Santa Alianza entre clase política e intereses económicos, que muchos ingenuamente pensaban terminaría con la derrota política del PRD en las elecciones locales de 2018 -y con la del PRI a nivel nacional- esta signada en la nueva política de desarrollo urbano. Esta certeza nos lleva a apuntar que MORENA se dibuja cada vez con más fuerza como una transfiguración de un PRD y un PRI corruptos ya no funcionales para el establecimiento económico, para convertirse en el nuevo sirviente de las necesidades de la especulación inmobiliaria a favor del encarecimiento del suelo urbano en la ciudad y de los megaproyectos extractivos y turísticos en el país. Por ende, del despojo y el desplazamiento forzado de cientos de familias.

Inmersos en esa política reconstituyente, y para citar un solo ejemplo, el pasado 31 de mayo la huestes del #EstadoInmobiliario reformaron el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, violentando la puesta en marcha de tratados internacionales en la materia firmados por México, y el derecho humano a una vivienda adecuada de miles de arrendatarios, poseedores y personas con derecho al tanto; asimismo, las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y Administración Pública y de Participación Ciudadana Local del Congreso de la Ciudad de México, en una abierta violación del Título Cuarto de la Constitución, consultaron limitadamente, sin difusión, de manera electrónica y con invitados especiales a modo, la trascendente Ley de Planeación y del Instituto de Planeación y Prospectiva, cerrando así la pinza del circulo vicioso antidemocrático. Otra obvia imposición de leyes ad hoc a la #HidraInmobiliaria y sus beneficiarios políticos y económicos, es decir la ADI, CMHN y la CANADEVI.

Para cerrar con broche de oro, a través de procesos antidemocráticos, el lunes 12 de agosto el Congreso dictaminó fast track la Ley de Participación Ciudadana, con el fin de dejar sin efecto la sentencia obtenida por Greta del Río, vecina de la colonia Juárez, quién logró que se ordenara al Instituto Electoral de la Ciudad de México convocar a consulta sobre Presupuesto Participativo y elección de Comité Ciudadano para el 15 de Agosto, la cual es de todos conocido no se realizó, violando este derecho y garantía que por la buena habían ganado los vecinos.

La #HidraInmobiliaria bloquea la democracia

Con el bloqueo antidemocrático de la #HidraInmobiliaria y el gobierno innovador, salta a la vista la intención de teledirigir la participación ciudadana mediante mecanismos elaborados por los especialistas, ya que según ellos los habitantes citadinos “no saben ni de planeación ni de participación democrática”. Se está cocinando una “democracia directa” absurdamente conducida desde arriba, con la finalidad de acotar la participación real e impedir toda opinión opuesta a cualquier obra pública. Lo más riesgoso es que a través del uso de mecanismos electrónicos tendrán control total de la intención personal del voto, lo cual borra de tajo su calidad de libre y secreto.

Al respecto, las recientes declaraciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum, caen en el silogismo: “ya estamos por presentar un proyecto de lo que son los corredores principales y la manera en que se va a consultar a la ciudadanía para los megaproyectos”. De esta declaración deducimos que serán puestos a consulta los megaproyectos, no así las obras públicas, y esto significa que los corredores urbanos que están iniciando no son sujetos de consulta, aunque a todas luces sean obras de infraestructura que benefician megaproyectos e incluyen inversión pública y obras en drenaje, modernización de la red de agua potable, instalación de luminarias, sistemas de movilidad para trabajadores al servicio de los megaproyectos, que sin duda provocarán desplazamientos de habitantes con arraigo y comercio local, desalojos y despojos de familias y barrios. En esta perspectiva, el “rescate” del tramo Florencia-Lieja de Avenida Chapultepec, ahora llamada “Avenida de la Vida”, estaría exento de toda consulta ciudadana, a pesar de promover cambios en los uso del suelo. Lo que las autoridades hacen actualmente es informar, no consultar; hoy la “publicitación” vecinal, cuando se cumple, si bien parece un avance también es una trampa ya que, como dirían en lenguaje florido los funcionarios en turno, “palo dado ni dios lo quita”.

Podemos inferir que la obra pública será impuesta a los vecinos, violando así el espíritu de su propuesta de Ley de Planeación, en lo que se refiere al Artículo 4, sobre lo principios rectores que regirán la planeación urbana, específicamente el apartado IV que borda sobre la planeación democrática, la cual dice que ésta “será el resultado de la interacción entre el gobierno y la sociedad, a través de procesos, mecanismos y canales adecuados para lograr la incidencia efectiva en las políticas públicas”, de ello podemos deducir que al parecer la jefa de gobierno no ha leído su propuesta de ley.

Más allá de estas contradicciones, eufemismos y violaciones a la Constitución de la Ciudad de México, los urbanitas debemos participar a contracorriente, debido a la manera en que se ha institucionalizado la “democracia participativa” en el Congreso.  Así, la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana consumó el bloqueo de los derechos de vecinos y ciudadanos. Los grupos políticos e intereses económicos que promueven la rápida aprobación de dicha ley estarán felices, en particular la ADI y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda delegación Valle de México (CANADEVI-VM), actores de la reconstitución del #EstadoInmobiliario.

Con el fin de comprender mejor el panorama, el lector puede consultar el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de México sobre la Democracia Directa, en donde se definen las formas de su ejercicio: Iniciativa Ciudadana, Referéndum, Plebiscito, Consulta Ciudadana, Consulta Popular y Revocación de Mandato. Este artículo armoniza con la propuesta oficial de la Ley de Participación Ciudadana, en específico con el Artículo 7, el cual cita la figura de la Consulta Pública, instrumento idóneo para definir los programas de Ordenamiento Territorial y las políticas sobre el Medio Ambiente. Este apartado estará sujeto a las condiciones de consulta a través del Instituto Electoral, bajo el rubro de la Democracia Directa que, de acuerdo al Artículo 9, obliga a los ciudadanos a contar con el 15 % -Artículo 52-  de votantes para que sus resultados sean vinculantes y el gobierno quede obligado a respetar la voluntad ciudadana.

Los efectos de este tipo de Democracia Directa saltan a la vista: la ley de la Jefa de Gobierno no solo está bloqueando institucionalmente la participación libre y democrática de los ciudadanos y vecinos, sino además pretende teledirigirla y corporativizarla. La democracia directa, en este caso, es un eufemismo para ocultar las nuevas formas del corporativismo ciudadano, como hoy día observamos con la promoción de la Ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública en la Ciudad de México, propuesta por Diana Sánchez Barrios,  integrante de la familia que controla corporativamente desde hace varias décadas a los vendedores ambulantes de la centralidad metropolitana.

Pero además, esta práctica pretende eliminar de un plumazo los triunfos y participación de aquellos ciudadanos que han exigido ante un juez el cumplimiento de la ley. Congreso, gobierno e inmobiliarias pretenden no solo inmovilizar y bloquear, sino arrebatar el derecho de participar en la toma de decisiones sobre temas que les afectan a vecinos y ciudadanos. Mencionemos que esta cuestión es trascendente, ya que tiene que ver con la armonización de las normas y reglas de participación entre las leyes de Planeación y Participación, la cuales están vinculadas y supeditadas entre sí.

Por su parte, los ciudadanos demandan y exigen la imperiosa necesidad de participar frente a la imposición de obras públicas que benefician al interés de las inmobiliarias, como es el caso de los habitantes de las zonas en donde los corredores urbanos anunciados por la Jefa de Gobierno, en particular el de Avenida Chapultepec, en donde la HidraInmobiliaria pretende redensificar la zona a favor de empresas como AirBnB y la industria turística.

Ciudad futura

Frente a esta serie de bloqueos a la participación ciudadana y la pretensión de corporativizar la democracia directa y participativa, los urbanitas de los múltiples y diversos barrios, pueblos y colonias de la Ciudad de México, deben no sólo hacer un análisis de las consecuencias de las mencionadas leyes, sino además actuar para reelaborar los contenidos de las mismas y, de manera urgente, detener el bloqueo institucional e inmobiliario a estas leyes, con el propósito de que éstas no sean creadas para imponer un modelo de ciudad innovadora, densa, compacta y vertical, en el que caben individuos aislados que buscan un estilo de vida sostenido por el consumo y el dinero.

Si la ley es el fundamento de una vida urbana humanamente sostenible, entonces resulta urgente demandar un debate abierto y verdadero a través de metodologías y tecnologías de participación real, y aplazar la aprobación de dichas leyes. Y si son aprobadas sin que estén representados nuestros intereses, quedan otros recursos jurídicos y de movilización mediático-territorial de acción directa que será necesario activar. La ciudad desde los barrios puede ser posible con una planeación seminal. Es necesario, crear y practicar la democracia desde y para decidir e incidir sobre el presente y destino del territorio.