Pablo Gaytán[1]

Endemia 2020

Mientras cambia a color verde el semáforo de la cuarentena COVID-19, el país y, en particular, la Ciudad de México “implosiona”. Entre conductas de odio, confusos bandazos ideológicos o siguiendo a pies juntillas intereses individuales, los urbanitas involucrados en los debates sobre la ley de planeación urbana, el artículo 60 de los derechos humanos, las reformas al código civil sobre los derechos y obligaciones de los arrendatarios y arrendadores; o en acciones para proteger los derechos de las mujeres y trabajadores; o en las discusiones sobre el cuidado de la biosfera de la cuenca del Valle de México, viven una batalla campal. Con todo tipo de agresiones generalizadas en las redes, los urbanitas están muy lejos de propiciar un debate civilizado y se parecen cada día más a la horda primitiva freudiana.

Anclados en la necedad de sus sinrazones unipersonales, los urbanitas no alcanzan a identificar afinidades para hacer de la ciudad un lugar para todos. Han perdido el sano ejercicio de la dilucidación de los problemas que nos aquejan y prefieren el desencuentro al intercambio de ideas para encontrar soluciones colectivas. Con estas torpezas ceden la toma de decisiones a los funcionarios y burocracias estatales partidistas.

En medio de la vorágine de la tragicomedia por la que atraviesan nuestras vidas comunes propongo el ejercicio del pensar y accionar para desbloquear a nuestros saboteadores internos:

A contracorriente

Podemos decir que la democracia como régimen, se opone a la fórmula de la transacción moderada que debería expresarse en el “Estado democrático”. En nuestro caso, la categorización de “procedimientos democráticos” instituidos en la constitución de la Ciudad de México, éstos se afirman mediante la “democracia directa” y no como un ejercicio unipersonal de la jefatura de gobierno. Por ejemplo, en lugar de proponer a ciudadanos idóneos para dirigir el Instituto de Planeación de la Ciudad, estos cargos son nombrados unipersonalmente de acuerdo a los intereses de grupos de científicos o de especialistas amigos de la jefa de gobierno. A todas luces se trata de un ejercicio oligárquico con desapego a la democracia directa.

La democracia directa es resultado de la deliberación misma de los integrantes de cualquier sociedad sin mediación del rey o de la reina o del presidente o la presidenta.  Así, la democracia en su objetivo mas profundo se forja a través de la desaparición dominador-dominado. Si esto no se cumple, la ansiada aspiración del ciudadano para ejercer la democracia directa será ocupada por una democracia parlamentaria y palaciega.

Por otro lado, apuntemos que el advenimiento de la democracia significa la desaparición del Estado político, es decir, el dominio de los políticos profesionales que hacen del aparato burocrático estatal un botín desde el cual se sirven para administrar a su favor la hacienda pública en nombre del “pueblo” al que dicen representar. Quitan de la discusión a esas molestas agrupaciones sociales auto-reconocidas como ciudadanos quienes solo tienen derecho a expresarse en masa los días de votación o para el apoyo festivo del gobernante en turno tal y como lo dicta el decálogo de la democracia oligarca. Por el contrario, la democracia no puede existir si no se dirige críticamente contra el Estado; es decir, contra su omnipotente presencia simbólica, administrativa, hacendaria e ideológica que con su retórica oculta su opresivo ejercicio de poder sobre sus súbditos contribuyentes. El ejercicio democrático se enfoca a contener todo tipo de abusos del aparato político-burocrático estatal.

La democracia insurgente es democracia contra el Estado. En la vida cotidiana el ciudadano sin importar sus condiciones económico-sociales puede criticar, debatir, impedir, limitar y decidir sobre que tipo de leyes, normas o códigos le deben regir colectivamente: interpelando a sus “representantes” o tomando la plaza pública; así su práctica podría tener como efecto el bloqueo del interés partidista en el poder para evitar el dominio total por parte del Estado y la alienación.

En la democracia, la acción política impone limites al poder estatal y le obliga a responder a los intereses colectivos. Pero si los distintos grupos ciudadanos impulsan una transformación organizativa, integradora y unificadora a fin convertirse en Estado podrán ser incorporados orgánicamente a éste como apéndices o satélites dispuestos a elevar las coloridas banderas de seguidores de los “representantes” de algún poder republicano. La acción política democrática insurgente protagonizada por ciudadanos colectivizados será parte del grupo en el poder sin necesariamente ocupar un escaño parlamentario o una oficina del aparato burocrático estatal.

Desde esa práctica, los ciudadanos podrán criticar al autollamado Estado democrático y su consecuente Estado de Derecho. En ese sentido, las acciones de reducción, bloqueo y extensión son necesarias para no tender a la institucionalización o la neutralización colectiva. Desde fuera como ciudadanos colectivizados.

Algunos destellos ciudadanos recientes dan muestra de un posible advenimiento hacia la democracia: la contención de un megaproyecto inmobiliario, la reforma a leyes, la exigencia del cumplimiento de la legalidad, la denuncia de la ilegalidad en la obra pública o la demanda de participación en el diseño del espacio público, mismas que podrían significar la apertura de un escenario agonístico. Se trata de acciones políticas que reducen la omnipotencia no solo del Estado sino también del mercado. Son expresiones de la construcción colectiva y democrática de la ciudad.

El Estado bajo la capa de cualquier color, en su lucha puede llegar al punto de neutralizar la democracia, un momento en que los ciudadanos corren el peligro de atornillarse en demandas que se colocan en las zonas grises de una negociación interminable con la burocracia, agotadoras, desgastantes y sin consecuencias. La democracia insurgente bien mirada lucha en dos frentes: contra el antiguo régimen y el nuevo Estado con políticos y burócratas deseosos de dominar al “pueblo”; la exterior contra el mercado y contra el abuso del poder estatal. Ambos frentes condensan la hidra política que he definido como capitalismo hetero-totalitario.

El actuar de los ciudadanos auto-organizados plantea una temporalidad agotadora sin duda en la medida que requiere una practica persistente del conflicto, una grieta por donde los ciudadanos autónomos pueden contener el poder y hacer brillar la voluntad de quienes hacer y comparten la ciudad.

Para que esta democracia exista, los ciudadanos auto-organizados deben deconstruir la noción de “pueblo” que en sí misma es parte del lenguaje político de la democracia oligarca, envuelta en una viscosidad y maleabilidad que no habla pero si emociona. Más allá de esa mitificación, los ciudadanos auto-organizados yacen en su diversidad atravesados por sus intereses de clase, necesidades, deseos y aspiraciones que los lleva a encontrar afinidades y filias que pueden tejer lentamente la democracia insurgente.

La democracia de la ciudadanía auto-organizada sitúa el conflicto en el exterior del Estado, contra él, lucha permanentemente contra sus visos totalitarista y oligarcas. Acentúa la crítica como un ejercicio de libertad y acción política. La democracia no es un régimen político es, sobre todo, una forma de acción política en momentos de irrupción plural de los ciudadanos auto-organizados en la escena política y lucha por el establecimiento de un estado de no-dominación en la ciudad. Ciudadanos que resisten a la domesticación y defienden sus derechos adquiridos.

[1] Doctor en Ciencias Sociales, maestro en Estudios Urbanos y Sociólogo por la UAM. Creactivista y videoasta.