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Autoblanqueamiento inmobiliario

Pablo Gaytán Santiago

En estos días los habitantes de la Ciudad de México asistimos al cínico espectáculo del autoblanqueamiento de imagen de inmobiliarias y funcionarios estatales. Para evadir sus irresponsabilidades un grupo de inmobiliarias integrado por Quiero Casa, Qaya, Reurbano, Quintanilla Arquitectos, Oyameles Kapital y Abre Promotora Inmobiliaria presentaron el 23 de enero desarrolladorconfiable.mx, con el objetivo, según ellos, de promover buenas prácticas en el sector inmobiliario. Posteriormente, el 29 de enero como si fuera un movimiento sincronizado, la organización empresarial Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con la fundación Mejor Ciudad, de José Chabot presentaron en la Casa Lamm la auto-investigación Corrupción en el sector inmobiliario. En donde hablaron como víctimas pasivas, con todo y lloriqueo de autoconmiseración.

En los actos mediáticos mencionados las expertas al servicio de las inmobiliarias –María Amparo Casar, Gabriela Alarcón- intentaron resetear las prácticas corruptas de sus jefes para responsabilizar a los trámites administrativos, las autoridades y al complejo marco jurídico de las malas prácticas –el moche, la comisión, la violación de los reglamentos-, e incluso a los vecinos radicales, quienes al decir de los representantes inmobiliarios, también los extorsionan. Sin vergüenza alguna los inmobiliarios ahora pretenden usurpar el papel de las víctimas reales, es decir, el de los vecinos damnificados, quienes son los verdaderos afectados de la corrupción tanto inmobiliaria como estatal.

En su discurso usurpador las leyes, los reglamentos, los funcionarios menores y los vecinos limitan el libre juego del mercado del suelo, así como el despojo territorial. Brillantes discípulos de Federich Hayek el economista neoliberal austríaco, quien planteó que las relaciones mercantiles debían filtrar los mas recónditos lugares de la vida cotidiana, los inmobiliarios proponen que los expertos deben vigilar las regulaciones automáticas del mercado sin la molesta presencia de los funcionarios estatales, ofreciendo así una coalición con los buenos vecinos y  los buenos funcionarios. La cual promoverá un proceso de cooperación colaborativa y sostenida “por el bien de todos”. Así, en este escenario de los buenos contra los malos, las regulaciones estatales desaparecerán, ya que es mejor confiar en la bondad de los especuladores que en los corruptos funcionarios y sus leyes. Sin ley ni estado, los inmobiliarios se declaran implícitamente anarco-capitalistas.

Su interesada argumentación ilusionista solo permite ver el asedio corruptor de los funcionarios, en donde los inmobiliarios junto con sus ejércitos de abogados, golpeadores, truhanes y ahora expertos en demoscopia a su servicio son las plañideras víctimas de la maldad burocrática. Los lavadores de la imagen inmobiliaria han utilizando la metodología cualitativa para construir artificialmente su victimización, con las técnicas de la entrevista presencial, talleres y encuestas en línea han recabado datos de las víctimas. Los resultados de ese ejercicio demoscópico, muestran que el 94% de inmobiliarios se declaró  víctima de la corrupción y extorsión y solo el 36% afirma haber denunciado tal práctica. Los datos exhiben una extraña ética en donde la mayoría de los entrevistados reconoce ser corruptos. Su análisis denota un intento de convertir la evidencia de corrupción en una ventaja política.

Al contrario del ilusionismo inmobiliario, los vecinos saben que la corrupción se da entre dos, es decir, es una relación social. Las relaciones sociales de corrupción, resultan de un convenio y un consenso entre quienes participan, es un intercambio de favores en donde los implicados obtienen ganancias retorciendo la ley y en este caso destruyendo la ciudad. El auto-blanqueamiento de la imagen inmobiliaria no puede ocultar su corrupción, así lo demuestran las miles de construcciones ilegales en la ciudad. Las evidencias sin innegables, todos los vecinos afectados por las construcciones las conocen.

Las evidencias que presentan los ilusionistas en demoscopia muestran las verdaderas intenciones de auto-purificación inmobiliaria. Por un lado, pretenden dejar fuera de foco la irresponsabilidad de los funcionarios de SEDUVI, gestionada por sus aliados, para tal efecto dirigen sus baterías moralizantes contra las alcaldías. La lectura de sus datos  de Percepción de Corrupción Sobre Delegaciones nos hace pensar que asistimos a un ajuste de cuentas entre los partidos políticos que pujan por el poder en la Ciudad de México y un informe empático con el partido gobernante de nuestra urbe. Así, las delegaciones peor calificadas por los auto-victimizadas inmobiliarios son Gustavo A. Madero (5.0, en donde 0 significa nada corrupto y 5 muy corrupto), Álvaro Obregón (4.8), Cuajimalpa (4.5) y Benito Juárez (4.3). En donde destaca que la alcaldía  Cuahutémoc (3.8) y Miguel Hidalgo (2.1), tienen una percepción menor, contradiciendo la realidad, ya que estas dos alcaldías, son centrales en desarrollos inmobiliarios depredadores. Evidentemente están ausentes las alcaldías de Tlalpan, Tlahuác y Xochimilco, debido a que la violaciones de las leyes y la corrupción tienen que ver con los asentamientos irregulares impulsados por los partidos políticos que gobiernan esas alcaldías. Apuntemos que para los inmobiliarios las relaciones sociales de corrupción es un tema de percepción, no de una realidad que contribuye al crecimiento de la renta del suelo y enriquecimiento.

Al auto-blanqueamiento inmobiliario, al contrario de sus intensiones, nos brinda algunas evidencias de la participación inmobiliaria consciente  en las relaciones de sociales de corrupción, ya que reconocen las tasas del cobro de derecho de piso del estado inmobiliario, en donde mencionan que las cuotas oscilan entre dos y quince millones de pesos. Aquí le preguntaríamos al sector inmobiliario ¿Cómo contabilizan estos egresos? ¿Tienen sistemas de contabilidad creativa ?. Asimismo como si fuera un lapsus calami, los redactores del informe hablan de experiencias de “corrupción compartida”, entiendo se refieren a los testimonios de las inmobiliarias sobre las malas experiencias con los funcionarios de SEDUVI, PAOT y las alcaldías. Esa misma frase la podemos leer  literalmente como una confesión de parte de los inmobiliarios. De aquí en adelante llamaremos CORRUPCION COMPARTIDA, al resultado de una práctica consciente de valorización monetaria entre los integrantes del Cartel Inmobiliario y los funcionarios estatales en turno; SACMEX, INVEA, PAOT, SEDUVI, alcaldías. Y no es precisamente un hallazgo demoscópico, sino una confesión de parte, llamada eufemísticamente por los expertos inmobiliarios ”normalización de la corrupción compartida”.

Asimismo los blanqueadores de la imagen inmobiliaria citan que las extorsiones son llamadas ”donaciones en especie”, una forma más de corrupción compartida; visto críticamente el informe de los inmobiliarios es una forma de visibilización purificadora del compadrazgo entre el Cartel Inmobiliario y el Estado Inmobiliario. Las donaciones se refieren a trailers de víveres, obras publicas, equipos de cómputo, demolición de construcciones del sismo 19S. No aclaran sí estas solo les son demandadas en tiempos electorales o cotidianamente. Asimismo, nos informan hay proveedores preseleccionados por alguna dependencia gubernamental para llevar obras de mitigación. Al respecto podemos preguntar, ¿Quiénes son los proveedores de los juegos infantiles en los parques o los gimnasios al aire libre? Así, podemos reflexionar sobre cómo estas extorsiones, moches, pago de cuotas, comisiones o como ustedes les quieran llamar, producen rentas económicas, así como una palanca para el control corporativo político en la ciudad.

Curiosamente la solución que las inmobiliarias proponen es el pacto afectivo a través de una coalición entre los buenos inmobiliarios, vecinos y funcionarios, en donde les cedan su soberanía a una especie de gobierno de los expertos, quienes sustituirán al gobierno. En esa perspectiva plantean la privatización  de los procesos institucionales, con el objetivo de eliminar la corrupción, siendo que éste no es el problema central. Más bien el problema central es crear un proyecto de ciudad desde la perspectiva ciudadana y vecinal, ya que la corrupción es el mecanismo bajo el cual inmobiliarios y funcionarios han creado un negocio de pingues ganancias.

Y la solución no es crear pactos afectivos entre los buenos con declaraciones anticorrupción, iniciativas basadas en principios, certificaciones de coaliciones de negocios o pactos de integridad, ya que la ética demostrada por los inmobiliarios no dan ningún tipo de confianza o legitimidad, no, lo que sí es realmente importante, desde el punto de vista ciudadano y vecinal, es pensar, discutir, proponer e impulsar leyes y normas en donde las leyes del mercado del suelo no rijan el desarrollo urbano, es decir el futuro de la ciudad. Pero además, los ciudadanos son los que deben decidir sobre su propio destino en la ciudad, no sólo deteniendo los efectos de la depredación inmobiliaria, la corrupción de inmobiliarios y funcionarios, sino además exigiendo la punición de la violación de la ley y sus efectos sobre cientos de familias que han sido dañadas en su patrimonio y en su vida familiar y emocional. El auto-blanqueamiento de la imagen del sector inmobiliario es un perverso llamado a olvidar sus irresponsabilidades y una demanda de perdón purificador.

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