Pablo Gaytán Santiago[1]

La Cultudemia

Efectivamente, la pandemia del COVID-19 le vino como anillo al dedo a la burocracia de la Secretaría de Cultura. La Cultudemia permitió ajustar los magros objetivos a la austeridad, reasignar recursos, dar rumbo a las prioridades presidenciales y convenir usos y costumbres a becarios, talleristas, colectivos, gestores y trabajadores de la cultura.  Si, la burocracia de las franjas medias y bajas del sector vieron reorientadas sus funciones hacía un ejercicio de modulación virtual vía zoom y whatsApp para sus subordinados. “Amigablemente”, fueron convocados a ceñir sus actividades a las necesidades institucionales de control de la pandemia mediante un seguimiento disciplinado de la austeridad. Con menos recursos, el sector cultura debió dedicarse a la simulación virtual de sus tareas y de no cumplir los objetivos (que por la pandemia no se concretaron), ahora tienen que exponer su salud y su vida “voluntariamente” en algún macro-kiosko COVID-19 instado en algún lugar de la de Ciudad de México.

La política cultural, entonces, se transformó en una actividad home office a fin de justificar el gasto mínimo de recursos bajo el discurso “quédate en casa”. La burocracia cultural se convirtió en el capataz que invadió la vida doméstica e intima de los precarizados artistas, trabajadores de la cultura y colectivos culturales, pisoteando los derechos laborales y ciudadanos a quienes se les ha convocado a redoblar esfuerzos con trabajo social en los macro-kioskos COVID-19. Un nuevo despotismo laboral emergió relampagueante mediante los ojos digitales del zoom y el whatssApp para que los funcionarios –jóvenes y de mediana edad– de las secretarías de cultura federal y locales comenzaran a supervisar a sus subordinados en una humillante lógica laboral de 24×7.

El acoso laboral y cultural comenzó con una sistemática alusión al despido y con la persecución por el incumplimiento de las metas comprometidas en los convenios leoninos de las secretarías de cultura. De esa “innovadora” práctica en el mundo del arte y la cultura se desprendió la política “desactivación de colectivos” para enfrentar la movilización de trabajadores y colectivos culturales quienes, hace un año, se organizaron para exigir el pago de su trabajo devengado y la demanda de servicios de salud y otros derechos laborales.

Mesas de diálogo. Zona gris de contención de los derechos laborales, sociales y ciudadanos

Con la premisa de convertir a creadores, artistas, trabajadores de la cultura y colectivos culturales en precarios asistentes sociales, los funcionarios 4T en su mayoría auténticos chapulines ideológicos neoliberales, crearon estrategias de voluntad “democrática” a través de mesas virtuales de diálogo con los colectivos descontentos. Un buen número de artistas y trabajadores precarios de la cultura creyeron, bajo un acto de buena fe, que los funcionarios responderían a su compromiso transformador[2]. No fue así.

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Federal; Marina Núñez, subsecretaría de Desarrollo Cultural de la misma secretaría; Lucina Jiménez, directora del INBAL; Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad y quien resuelve los asuntos de la secretaría de cultura; Benjamín González, director de vinculación comunitaria de la secretaría de cultura de la Ciudad de México, entre otros funcionarios, han hecho un ejercicio despótico de contención y disuasión. Después de tantos años moviendo el abanico institucional han aprendido las artes de poner diques ante cualquier descontento a través de las mesas de diálogo a las que considero zonas grises de desmovilización e insidia. Tal y como lo ha demostrado en los últimos pandémicos meses.

En esos ejercicios “democráticos” y según la narrativa oficial, suelen escuchar y tomar en cuenta las críticas, propuestas, necesidades y demandas de los artistas, trabajadores de la cultura, colectivos y ciudadanos, pero lo cierto, es que después de “tomar” nota delegan en funcionarios menores sesiones para decidir y avanzar, pero en realidad servirán para aplazar y culpar a la secretaría de Hacienda de retardar los recursos. ¡Ha!, siempre dejando constancia de la cuantificación del número de sesiones que le serán necesarias para el próximo informe de actividades de la secretaría y sus respectivas direcciones. La trama de esas sesiones es la confusión, contradicción entre funcionarios, los posibles acuerdos que nunca se firman para dejar la sensación de que hay efectos “positivos”. Es la mecánica de la caja negra burocrática, de procedimientos, requisitos y firmas, mientras los artistas, trabajadores y colectivos se agotan, se desesperan o buscan otro giro porque no tienen los privilegios de un Gabriel Orozco. Y claro, la intensión es que la burocratización aplaste la energía de los indignados.

Dentro de estas estrategias existe una muy evidente. Mientras las funcionarias dicen una cosa de manera positiva, otro hace una acción contraria. A esta táctica se le llama coloquialmente “atole con el dedo”. Se trata de una política desmovilizadora. ¡Cuidado! Porque llegará el momento en que una funcionaria se comunicará particularmente con algún líder de opinión de los grupos organizados o representados para informales que todo va muy bien y que sería deseable hacer una comisión. Es cuando ha llegado el momento de la desactivación burocrática porque nunca se llegará a un acuerdo.

Es entonces, cuando la mesa se convierte en zona de burocratización, trivialidad e insidia al no dejar fluir la información y atascarse de manera intencional a fin de provocar desconfianza y ausencia de solidaridad entre los integrantes de los colectivos y grupos. La movilización será contenida y los funcionarios se darán por bien servidos, claro, sus puntos a favor serán anotados en sus informes y el encargado de comunicación social anunciará “fake news” en boletines de prensa sobre los “avances democráticos” de una invisible política cultural en plena transformación.

Activación de la des-activación colectiva

Adaptados al uso de las plataformas y medios digitales, las y los funcionarios culturales han llegado al momento de la transparencia virtual para el control de la epidemia del descontento operado desde el chat en WhatsApp. El chat más allá de cumplir la función de comunicación entre iguales será el medio para infiltrar promotores de la distracción, de vigilancia, de cumplimiento de órdenes, emergencias de informes y bomberazos. Y cuando se trata de un chat entre “servidores públicos” tendrá el objetivo de conspirar y contener la organización de colectivos y ciudadanos, llegando a la ominosa práctica de hacer chats denominado “desactivación de colectivos”.

En esos chats están los artistas, trabajadores, colectivos y ciudadanos, quienes no saben a ciencia cierta si están siendo “campaneados” –vigilados en tiempo real- con el fin de desactivarlos, marearlos, darles largas, prometerles, vacilarlos, tomarles el pelo con el único fin de no tener acuerdo alguno. La falta de ética de la burocracia cultural de la 4T no se detiene ahí, esta el cerco paranoico de funcionarios y asesores quienes han llegado al acuerdo de que en sus reuniones mafiosas se prohíba el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo. ¿Qué tanto esconden?

Más allá de la paranoia de la burocracia cultural está un hecho inocultable; estamos frente a la ceguera de una burocracia que solo busca consolidarse en el poder y el control de los recursos destinados a la cultura de una manera patrimonial sin detenerse a mirar las necesidades de artistas, trabajadores de la cultura y colectivos culturales. Frente a esa ominosa situación, todos los actores artísticos y culturales, hoy tienen la oportunidad de vencer el miedo, la corrupción ética de la burocracia cultural y organizarse unitariamente para reorientar un estado de cosas que reproduce los peores vicios de la burocracia cultural del Estado del Partido Único. ¿Seguiremos permitiendo los horrores de la cultudemia?

[1] Doctor en Ciencias Sociales, Maestría en Estudios Urbanos, Sociólogo y Activista.

[2] Alejandra Frausto fue entre otras, Directora de Culturas Populares en el sexenio de Peña Nieto; Marina Núñez Bespalova, con una trayectoria como becaria y funcionaria –Dirección de Publicaciones del CNCA y encargada de despacho del FONCA, así como integrante del grupo selecto de Rafael Tovar y de Teresa- durante el período neoliberal; Alfonso Suárez del Real, con una trayectoria como funcionario lo mismo con Cárdenas que con el PRD y MORENA; y Benjamín González, un funcionario-chapulín que ha sabido acomodarse en los gobiernos  del PRD y MORENA.