Frente a la constitución y los constituyentes

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El 06600 Observatorio y Plataforma de la Colonia Juárez

I

La Constitución Mexicana que rige nuestro país, fue resultado de una revolución ocurrida hace una centuria. Hoy los habitantes de la “naciente” Ciudad de México vamos a dilucidar, deliberar y decidir qué leyes, normas y reglamentos regirán las relaciones sociales de hombres y mujeres que vivimos en lo que fue la región más transparente. El “06600 Observatorio y Plataforma de la Colonia Juárez” presenta su rostro mediante este documento como un ejercicio de autonomía y democracia, al igual que lo están expresando otras agrupaciones en barrios y colonias.

Primero, reconocemos que estamos llegando bastante tarde a la posibilidad de una vida democrática real, y lo que es peor, una vez más, llegamos a un ejercicio impuesto desde el binomio indisoluble que hoy conforman la clase política y empresarial. Sin embargo, queremos asumirnos como un tercer socio -en la medida en que pagamos impuestos- para tener también derecho a la ciudad. Históricamente esto responde a una añeja demanda encarnada por el movimiento urbano, popular, vecinal y colectivo que, desde meses atrás, vienen configurándose otros movimientos dispuestos a dar la batalla.

Consideramos que este ejercicio constituyente no es nada democrático por las siguientes razones: de un lado, la dilucidación, debate y decisión sobre las leyes que nos regirán la realizan de forma apresurada dado que la prioridad de sus impulsores es sincronizar tales ejercicios a los tiempos y objetivos políticos sexenales y electorales. Estos tiempos son sumamente ajenos a los tiempos ciudadanos, puesto que estamos dispuestos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario para un proyecto de tal envergadura. Por otro lado, es un ejercicio sin la participación directa de la diversidad social, económica y cultural que caracteriza a los habitantes de esta ciudad.

El cronograma de la clase política y la participación selectiva y vertical, expresa la concepción de una democracia reducida a los procedimientos y las convocatorias demoscópicas –encuestas, consultas virtuales, módulos de opinión-, lo cual evidentemente excluye la participación de las mayorías en la dilucidación, deliberación y toma de decisiones de las leyes. Estamos entonces frente a la discusión y la construcción de unas supuestas leyes colectivas sin la participación directa de una ciudadanía aún ausente y sin mecanismos reales de incidencia, lo cual es sumamente grave.

II

Como habitantes y futuros ciudadanos de la Ciudad de México, nuestra vida social se desenvuelve en un territorio contenido. Somos hombres y mujeres de concreto, cristal y smog. Habitantes de zona residencial, barrio, colonia y delegación. Tierra, geografía y un código postal marca nuestra identidad territorial. Para nuestro observatorio 06600, somos vecinos con arterias dañadas por mega torres, baches, topes y buldóceres con algunas espinillas verdes poco a poco depuradas por los rastrillos de las autoridades ambientales. Se habla de medio ambiente y sustentabilidad cuando existe tala árboles a diestra y siniestra para beneficio de la industria automotriz y capitales privados. Vivimos día a día amenazados por las intervenciones quirúrgicas de los cirujanos inmobiliarios, que venden la esperanza futura de una ciudad cosmética de formas sin fondo, y de hábitats diseñados por arquitectos vánales para el máximo rendimiento económico y la mínima calidad para la convivencia social: el proyecto “Granadas” ubicado en Polanco, es un claro ejemplo de este modelo de desarrollo rapaz imperdonable.

Somos los que a pesar de estas amenazas, en la vida cotidiana, invertimos trabajo y dinero en impuestos para construir infraestructura y ciudad; además de producir riqueza social, administrada por una clase política y burocrática de gobiernos delegacionales y central sin rendir cuentas reales y transparentes que endeudan a la capital día con día.

Allí están nuestras identidades en movimiento, que van de hombres y mujeres originarios de sus pueblos, amenazados por la nueva cultura citadina en boga, densa y compacta; a migrantes explotados por constructoras de grandes torres de cristal y concreto que anuncian hundimientos, grietas, catástrofes urbanas y humanas. Esta cromática identitaria en donde circulan estudiantes que tienen que cruzar la ciudad para acceder a las universidades; jóvenes trabajadores precarios explotados por las empresas de telecomunicaciones; familias de clase media que han tenido que encerrarse en sus ínsulas para salvaguardar sus magras propiedades; jóvenes sin futuro que no tienen otra posibilidad que hacer calle y ser carne de cañón de las abultadas presiones del crimen organizado. Sí, nuestro rostro, al menos, es capaz de mirar con dignidad la desigualdad social e injusticia.

Este rostro urbano y suburbano, tan alejado de las avenidas centrales, aunque estén al otro lado del brillante cristal inmobiliario, refleja eso que no habíamos percibido y que hoy nos damos cuenta: la expropiación de los gestos más simples, aquéllos que hacían que la ciudad fuera nuestra, y en esa reciprocidad le pertenecíamos.

Sabemos con claridad absoluta, que la organización estatal es en realidad la desorganización máxima por voluntad, omisión y/o corrupción; incapaz de proveernos de seguridad pública, solucionar los problemas de distribución justa del agua, de emprender la modernización urgente del drenaje, de encargarse a cabalidad de la recolección de basura, entre otras muchas cuestiones que son obligaciones cotidianas del gobierno central y local, en donde todos los ciudadanos invertimos nuestro dinero en impuestos. Minuto a minuto, esta ciudad es nuestra inversión, y esta inversión de capital no duerme.

Incapacidades pronto justificadas por una maraña de reglamentos y manuales utilizados por la burocracia y la clase política para intentar permanentemente transferir a los vecinos y ciudadanos responsabilidades estatales que son suyas. Para solucionar tal voluntaria, supuesta e irreal incapacidad, sutil y silenciosamente privatizan los servicios públicos; por lo tanto, sí verdaderamente nos dieran voz y capacidad de diagnosticar, cogestionar, supervisar y auditar obras y cuentas a los habitantes de esta ciudad, éstos aclamarían que en la redacción de las leyes de la constitución quede claramente el mandato de que los servicios, infraestructura urbana y espacio público, que sostenemos los habitantes comunes con nuestros impuestos no sean ni siquiera concesionados a las empresas privadas. Si este esfuerzo en el que estamos invirtiendo los ciudadanos millones de pesos es verdadero, esta debería ser una premisa filosófica y social rectora de esta primera constitución. Voz, Voto y Veto ciudadano.

III

Así como la constitución mexicana define, aunque ya sabemos que no se respeta como resultado de todas las enmendaduras a favor del capital privado nacional e internacional, que el territorio queda bajo resguardo del Estado y vigilado por la sociedad, en nuestro caso, la principal materia que da sentido a la sociedad urbana es EL SUELO, lo que quiere decir el soporte de nuestro hábitat y lo que hace posible la existencia de la comunidad urbana.

Así, el territorio es nuestro espacio de estar en el mundo, nuestro lugar para ser y vivir, es lo que permite, cuando la contaminación baja o cuando vamos a las montañas del sur de la ciudad, ver las estrellas, sentir el calor o el frío, abastecernos de agua, es el receptáculo de nuestro modo de ser, trabajar y la nave acústica de nuestra música y nuestro modo de hablar, sentirnos y pensarnos defeños.

Pero a diferencia de la visión que defendemos todos los días desde los movimientos urbano-vecinales y urbano-populares, la visión hegemónica de la clase política de todos los colores y travestismos ideológicos sin excepción alguna, comparte la urbe en una ecuación binomial con los señores de los carteles inmobiliarios. El suelo es plusvalía y negocio rapaz, el suelo es solo para cavar hacía abajo privilegiando al auto en detrimento del medio ambiente y un trasporte público sustentable y de calidad, y para que la ciudad crezca hacia arriba privilegiando la especulación inmobiliaria en peligrosos fondos de inversión que, en detrimento de la economía de todos, llega al extremo incluso de tomar el aire como elemento para aumentar la renta del suelo.

Así, el conflicto de intereses se polariza claramente entre la clase política y sus socios en el desarrollo urbano de la ciudad, los señores de los carteles inmobiliarios quienes tienen solamente una visión mercantil del suelo, en contraposición con la cosmovisión de habitar la ciudad que tenemos sus habitantes, posturas cada vez más distantes.

El conflicto por la permanencia en el territorio es entre la mercantilización y el blanqueamiento por despojo (gentrificación es el término en inglés) de un lado y la defensa del arraigo vecinal y el derecho a permanecer en la ciudad por el otro. Si verdaderamente se pretende una constitución en donde éste la voz del pueblo, entonces debería de excluirse todo lenguaje y toda posibilidad de mercantilización y asociación público-privada en el ámbito del suelo urbano. Los ciudadanos impulsaremos que la No privatización y/o concesión del espacio público, la protección a través de leyes y normas del arraigo vecinal y proyectos sumamente innovadores de vivienda social en renta, venta y propiedad colectiva y cooperativa que deberán quedar claramente explícitas como un gran todo.

Pero exactamente vivimos la ciudad en sentido contrario, en el sentido de la mercantilización, la exclusión y expulsión de sus habitantes y la privatización del espacio público.

Más allá de los derechos humanos e individuales, está la necesidad de reconocer el hecho de la que la comunidad es inherente al suelo, una comunidad que los megaproyectos urbanos públicos y privados está desplazando y diluyendo en la nada del afuera social.

La mala señal que la clase política le envía a los ciudadanos mas o menos informados, es que esta mercantilización al parecer se institucionalizará con la nueva constitución, ya que han incluido en sus listas de candidatos a propietarios de inmobiliarias, seguir en ese camino significa que están entregando nuestro territorio al canibalismo social. Y eso significa entregarles nuestra casa común. Sepan desde YA que no lo permitiremos.

Frente a los hechos del cronograma de la clase política, nosotros les decimos que no se trata de administrar lo común –infraestructura, vialidades, transporte, espacio público, entre otros- mediante reglamentos y manuales de procedimientos burocráticos. De lo que se trata es de implementar mediante leyes y práctica social una forma de vida común. Se trata de elaborar una relación colectiva, a través no solo de derechos humanos, económicos y sociales, sino sobre todo de garantizar que la vida del habitante de la ciudad, cuyo devenir es convertirse en futuro ciudadano, cuente con un hábitat de calidad, un trabajo no precario, una movilidad no mercantilizada, un espacio público convertido en ágora abierta, sin intromisión del gobierno ni de empresas privadas, una urbe autónoma.

Bajo un amplio respeto a la vida colectiva, sin leyes que atenten a su identidad, su elección cultural/sexual y un gobierno sin una mentalidad mercantil que sea un verdadero contrapeso. La ley impone límites, no es para garantizar privilegios a los señores del dinero ni tampoco garantía de extorsión por parte de la clase política y la burocracia contra el ciudadano y su hábitat.

En otros términos, este encuentro de “notables”, sus poco representativos grupos de asesores y los propios redactores de la constitución pertenecientes a la clase política y empresarial en sus diferentes colores deberían recordar que es necesaria la palabra de la sociedad, por una simplísima razón, porque somos socios e inversionistas fundamentales para la existencia y gestión de la urbe. SI, oyeron bien, SOCIOS E INVERSIONISTAS cuyo capital a favor de la ciudad trabaja 24 horas al día.

No hacerlo representará su ciega voluntad de seguir jugando a una lógica de desmoralización social, desmotivación y desencanto de la política, que promueven en campañas mediáticas vacías de contenido, banales y pobres como el pensamiento mercantil dominante, estrategia que está fracasando.

En esa política no solo se nota la ausencia de la sociedad y sus diversos grupos, sino también el desprecio a los habitantes, la crisis de su modelo político y económico. La ausencia de la voz de los que hacemos territorio con todas sus configuraciones sociales, económicas y culturales.

Si esta polifonía de voces es silenciada por la clase política y empresarial, que pretende seguir posicionando un modelo de ciudad y democracia selectiva o VIP que amenaza la existencia de la comunidad urbanita, los resultados serán nada halagadores.

Señores y señoras, recuerden la historia, y verán que cuando se silencia la voz de los comunes, ésta en algún momento derrumba los diques de la democracia con pies de barro. Los inexistentes entonces tomaremos con estridencia un gajo de la matria, y en nuestras manos nuestro propio suelo y destino.

A todas las organizaciones vecinales y ciudadanas las invitamos a cambiar este posible fatal destino, participemos toda la ciudadanía juntos desde cada territorio.

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