Pablo Gaytán Santiago

Sergio González Zepeda

 

En la conferencia de prensa del pasado 6 de noviembre, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalino dejo atónito al público cuando calificó las modificaciones a la #LeyDePlaneación del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México como un “detalle sin importancia”. Tras el envío de este documento al Congreso Local, resulta que precisamente esos “detalles” a los que se refiere la doctora son de nuestra total incumbencia. El objetivo primordial de la ley es crear instituciones, estrategias e instrumentos tanto al gobierno como a los ciudadanos a fin de edificar un futuro que hasta ahora había sido construido por la asociación entre inmobiliarias y funcionarios corruptos. Esta asociación ha traído despojos, desalojos y desplazamientos forzados de habitantes, en su mayoría, bajo el amparo omiso de la ley. También ha provocado el encarecimiento artificial del suelo urbano a partir del incremento desmedido de las rentas para vivienda mediada por una corrupción rampante que hoy tiene prófugo de la justicia a Felipe de Jesús Gutiérrez que fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) en la administración pasada, quien colocó los cimientos de un futuro desesperanzador en  nuestra violenta ciudad.

Detrás de los “detalles sin importancia” está el grupo de asesores, elegidos por el dedo de la jefa de gobierno, quienes han dado la espalda a la ciudadanía. En las modificaciones a la #LeyDePlaneación (aún sin dictamen público), prevalece un lenguaje técnico-informático en el cual destaca la palabra sistema que refuerza una visión centralizada como se observa en el Capítulo Primero de la ley en su artículo 13 en donde los especialistas definen al #InstitutoDePlaneación como “un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad”.  El “detalle” marcado en negritas cobra importancia cuando las atribuciones de los funcionarios del Instituto de Planeación dependerán de la decisión unipersonal de la jefatura de gobierno, repitiendo una vez más la visión centralizadora y especializada sobre la ciudad que marcha a contrapelo del mandato de la ciudadanía. Se trata de un detalle que atenta contra la ciudad y el derecho a la participación de la ciudadanía.

Por otro lado, el llamado enfoque territorial no deja dudas sobre el blanqueamiento de los deseos de un mejor futuro para la ciudad y sus habitantes. En los “detallitos” presentados el 4 de noviembre pasado observamos la permanencia del modelo normativo mercantil y especulador del suelo urbano denominado “enfoque territorial, entendido como el conjunto de lineamientos que guiará el proceso integral de planeación que tendrá en cuenta el potencial intrínseco del territorio, con el objetivo de maximizar los beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales que puedan obtenerse en relación con los elementos inherentes al desarrollo”.

Se infiere que el potencial intrínseco para maximizar el desarrollo es evidentemente el económico a través del valor de cambio del suelo y sus usos permitidos. Se prevé que el valor agregado del suelo, lo dará su carácter de reserva territorial, el uso sustentable y su capacidad regenerativa; una perspectiva que se adapta perfectamente bien al proyecto de los 11 corredores urbanos en regeneración, recientemente anunciado  por la jefatura de gobierno para reforzar el modelo denso, compacto y vertical de ciudad en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes.

En el capítulo quinto del proyecto de la Jefa de Gobierno refiere a los instrumentos del sistema de planeación que aluden al valor de cambio de los usos del suelo; en el artículo 42, inciso d) a la letra dice que “El territorio se clasificará en: urbano, rural y de conservación, con sus respectivas categorías”. Y efectivamente esta clasificación del suelo es el motivo de la disputa por el futuro de la ciudad, ya que la frase “sus respectivas categorías” podrán llenarse de acuerdo a los intereses de las inmobiliarias en la #LeyDeOrdenamientoTerritorial. De esta manera se deja la puerta abierta para que las inmobiliarias llenen de contenido éste y otros vacíos con la categoría de suelo edificable, una propuesta que impulsa Fernando Aboitiz del Partido Encuentro Social-Morena, junto con el panista Federico Doring, quien en voz de uno de sus asesores es definido como “el suelo que es susceptible de tener edificaciones… que cumpla con las características de seguridad y servicios necesarios”.  Así de sencillo, cualquier suelo puede ser edificable sin importar si está ubicado sobre fallas, fisuras o fracturas del subsuelo o sobre escurrimientos de agua. Estos detalles intrascendentes para la jefa de gobierno son verdaderamente trascendentes para los ciudadanos puesto que la forma en que se planifique el suelo urbano marcará la calidad de vida de los ciudadano en la urbe.

Una vez más estamos frente a la guerra y disputa por el suelo. El combate en este momento se juega en el tablero del congreso, y es además coordinado por urbanistas que en periodos anteriores impulsaron normas como la 10, 26 y 31, entre otras que dañaron de manera irreversible el desarrollo de la ciudad. Estos asesores al servicio de la jefatura de gobierno y las inmobiliarias cabildean en los corredores obscuros que conectan las oficinas de gobierno y el congreso, mientras los ingenuos ciudadanos trabajan con esmero sus propuestas técnicamente bien fundamentadas para incidir de manera directa en la construcción de la #LeyDePlaneación y el #InstitutoDeplaneación, para que éstos no sean organismos paraestatales supeditados sino autónomos con una verdadera libertad de planificar abierta y democráticamente de manera seminal sin las trampas ni procedimientos burocráticos impuestos por los cambios sexenales.

Asimismo esta participación directa debería ir a contracorriente de la noción de concurrencia que ha sido propuesta por la jefa de gobierno en sus “detallitos”. La concurrencia pretende limitar la participación ciudadana socialmente responsable, ya que la primera es una palabra que reduce a mero testimonio la acción ciudadana para dar una legitimidad silenciosa a las decisiones previamente pactadas por los especialistas, las inmobiliarias y la jefatura de gobierno.

En suma, los especialistas-asesores que pretenden planear a veinte años la ciudad no fueron elegidos por los urbanitas, ya que en sentido estricto es la ciudadanía, sea de manera individual o colectiva la que debería ser el sujeto activo en la planificación seminal de la ciudad. Hartos del abuso y la corrupción, los urbanitas buscan impedir el #Urbanicidio que esta por venir y buscan salir del infierno impuesto por la #HidraInmobilaria y su #EstadoInmobiliario a través de su decadente proyecto de mercantilización del suelo urbano.