La Nueva Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México había puesto candados a los Desalojos Forzosos e Ilegales

• Vecinos y organizaciones articulados habíamos logrado incidir en la nueva ley de Derechos Humanos de la Ciudad

• La ley por primera vez ponía un límite explícito a los desalojos arbitrarios, forzosos e ilegales

• Las autoridades del nuevo gobierno habían sido llamadas a hacer frente contra la corrupción del cartel inmobiliario y a articularse con la ciudadanía para frenar los abusos y los efectos del blanqueamiento por despojo término juaricua polisémico que la academia llama gentrificación.

Y NO mostraron voluntad de hacerlo

En los últimos años quienes rentamos o poseemos legalmente una vivienda en la Ciudad de México junto con organizaciones de la sociedad civil y academia, nos hemos empezado a articular frente al incremento evidente de desalojos perpetuados por la vía judicial -más de 2000 cada año- y no judicial, la corrupción que impera en el sistema de justicia y registro público de la propiedad, la violencia de las huestes de la Seguridad Pública, de los golpeadores profesionales al servicio de las inmobiliarias frecuentemente ligadas a políticos, así como de los coyotes de los despachos de abogados. Todos ellos integrantes de las redes legales e ilegales que con sus colmillos afilados rondan nuestras viviendas y patrimonio familiar en espera de despojarnos.

Como parte de las estrategias de defensa hemos implementado la revisión de la legislación y la incidencia para proponer nuevos artículos y leyes que nos ayuden a equilibrar la situación de indefensión en la cual nos encontramos a la hora de hacer valer nuestros derechos.

En la coyuntura de la entrada en vigor de la primera Constitución política de la Ciudad de México, así como de la discusión de sus leyes secundarias fue que propusimos incluir en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial el viernes 8 de febrero de 2019, el artículo 60 que finalmente establece:

Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derecho, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.

Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas del desalojo.

El gobierno de la Ciudad de México. Con base en el Plan General de Desarrollo y con el programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores público, privado, social y académico.

El contenido del artículo 60 debe transformarse inmediatamente en instrumento de defensa eficaz para quiénes están en riesgo de desalojos, lo que implica también la voluntad de las autoridades involucradas y de la jefatura de gobierno, y en punta de lanza para poner freno a la forma en la que hasta ahora el mercado inmobiliario, en contubernio con muchos otros sectores, ha operado en la ciudad devorándola con sus intereses y expulsando a la población de clase baja pero incluso media, de las zonas céntricas. La urgencia es evidente si se considera que día tras día asistimos a nuevos abusos. El más reciente tiene que ver con el predio de Zapata 68 en la Colonia Centro. Un edificio que ha estado en la mira del sector inmobiliario desde hace años. No contentos de haber desalojado a varias familias con procedimientos jurídicos altamente cuestionables y el uso excesivo de la fuerza pública que se ha prestado a llevar a cabo los desalojos (granaderos que bajan al edificio desde helicópteros, roban pertenencias e incluso cometen acoso sexual), el día martes 12 de febrero un grupo de personas drogadas y armadas se han introducido en el edificio supuestamente a petición del dueño, para ocupar los departamentos vacíos. Esta situación, no resuelta hasta ahora por las autoridades, está provocando zozobra por parte de la población que todavía vive en el predio que se encuentra bajo amenaza y que ve violados sus derechos más básicos.

Por nuestro derecho a la ciudad y a la vivienda
No a los desalojos arbitrarios
No al uso excesivo de la fuerza por parte de policías y guardias privados
No a la gentrificación y la expulsión de la población